En el marco de la inauguración de la nueva sede de la INDDHH, y a 10 años de aprobado el Protocolo Facultativo contra la Tortura, resulta relevante promover una actividad que ponga en discusión estos temas. Sensibilizar sobre la prisión preventiva y sus consecuencias en el hacinamiento carcelario, así como la violencia institucional, son los ejes priorizados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) para el 2017, en consonancia con una preocupación regional de los mecanismos de monitoreo de la región.
En el escenario actual donde se asiste al deterioro de las condiciones de privación de libertad en el sistema carcelario, al aumento de la población reclusa en forma considerable, así como a las situaciones de hacinamiento, y violencia, se vuelve imperioso reflexionar sobre esta apremiante situación. En el marco de un contexto de aumento de los discursos punitivos donde se constata una creciente justificación de la prisión preventiva, lo que vulnera los derechos humanos de los ciudadanos que son detenidos, especialmente si se tiene en cuenta que suele recaer en las personas en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.
Cabe destacar que esta situación afecta tanto al sistema penitenciario de adultos (casi el 70% de las personas privadas de libertad adultas no tienen condena), y en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, se constata un alto porcentaje de prisión preventiva.
En este orden, la difusión de esta perspectiva desde el enfoque de derechos humanos, a nivel de los ciudadanos que escuchan las radios comunitarias, coloca esta discusión en vecinos, barrios, y organizaciones sociales.
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